(PUEBLO Regional). En Firmat detienen a un sospechoso de haber cometido abuso sexual a una menor. En la comisaria, el detenido confiesa la existencia de un plan para asesinar al fiscal de Matías Merlo; al senador provincial, Lisandro Enrico; al periodista y funcionario del Ministerio de Seguridad, José Pellegrini; y al intendente firmatense, Leonel Maximino. Hasta ahí la trama general, el motivo de la historia. De acuerdo a las revelaciones del detenido, en la planificación estaría implicado el excomisario de Chovet, Sergio David, actualmente preso en la cárcel de Piñero acusado de ser el autor ideológico del crimen de un policía ocurrido en Miguel Torres el año pasado. La segunda persona involucrada sería una personalidad reconocida de Firmat, con dos hijos encarcelados por distintos hechos. La motivación del plan siniestro estaría dada como una respuesta vengativa a la injusticia de la pena que recayó sobre el segundo de sus hijos. Merlo, que no mencionó la existencia de un segundo implicado, informó que se realizaron cuatro allanamientos donde se secuestraron elementos que pudieran estar vinculados a la causa. “Pudimos corroborar la circunstancia que él manifestó. Al otro día, vino y hace dos o tres manifestaciones más, que corroboramos con otros dos testimonios, donde le daban sustento al relato que sostenía”, detalló. La trama que incluye tres localidades de la región presenta diferentes nudos y opacidades. Para la ejecución de los crímenes, los mentores habrían contratado los servicios de un sicario proveniente de Entre Ríos. La confesión, surgida en el contexto de una acusación grave por abuso de una menor, extiende sospechas sobre distintos actores de la región y dibuja la suposición de una red de complicidades y pactos criminales que revelarían una complejidad inesperada y difícil de aceptar como verosímil no solo a nivel regional, sino parangonándola con la historia criminal de la República Argentina: no existen registros de la existencia de una conjura criminal para asesinar a cuatro funcionarios públicos simultáneamente y con un mismo sicario. Según su defensa, el acusado y confesor habría sido víctima de una trampa urdida por el excomisario detenido y su esposa. La mayor incertidumbre recae sobre la identidad del tercer hombre que entraría en juego como uno de los promotores de los crímenes. En la hipótesis de la venganza, el intendente Maximino estaría incluido en la lista por haber presionado a la justicia para la detención de su hijo; el periodista por brindar información del caso; Merlo por ser el fiscal acusador; y Enrico por no haber intercedido y supuestamente tener una relación familiar lejana con el mentor. Hasta el momento, la única evidencia es el hallazgo de una libreta que contenía datos del excomisario y de las personalidades públicas. Sin embargo, el indicio no basta para confirmar una relación que sustente la hipótesis del caso. La dimensión del crimen denunciado conllevaría un extenso trabajo de inteligencia y una operatoria criminal sumamente compleja, que difícilmente fuera obra de una o dos personas. El caso del Triple Crimen de General Rodríguez, donde fueron asesinados tres personas vinculadas al tráfico de efedrina con escaso reconocimiento público, y que adquirió una relevancia internacional, es una muestra de las magnitudes. El asesinato de cuatro personalidades públicamente reconocidas no es una tarea tan sencilla. “Teníamos dos cuestiones a analizar. Una si asumíamos riesgo y realizábamos una tarea investigativa, que nos acarrearía unos 30 días y correrían riesgo la integridad física de estas personas. Otra opción era el secuestro de la telefonía celular a los fines de detectar la conexión con estas personas fuera de la provincia. No dudamos para analizar esta situación y meterle un freno, y no esperar que la circunstancia pase a mayores”, desliza Merlo en diálogo con PUEBLO Regional. Por el momento, las hipótesis están abiertas, los peritos trabajando y las potenciales víctimas reforzaron su custodia y cuidados. La región parece haberse introducido, de repente, en un policial negro que resulta difícil de creer. Se presenta complejo aceptar que exista en Gral López y Caseros, una organizacion delictiva con tan alto grado de integración, de coordinacion, de unidad de mando, con logística suficiente como para hacer verosímil la posibilidad de atentar en simultáneo contra 4 personas, todas ellas funcionarios públicos. La denuncia de Merlo, lo deja expuesto ante la inevitable responsabilidad de descubrir y visibilizar el entramado de negocios que es necesario que esté detrás de una conjura como la descripta.
